Christian Castillo


“Capitalismo en serio”
abril 22, 2004, 6:31 pm
Filed under: Artículos

Revista Lucha de Clases nro 2/3, Bs. As., abril de 2004.

por Christian Castillo


Kirchner ha repetido que su proyecto es el de un “capitalismo en serio”. El contenido de esta frase queda claro cuándo consideramos cuáles han sido las bases y los beneficiarios de la política económica llevada hasta el momento, que mantiene las bases del “modelo de país” consolidado en los ’90.

LA DEUDA IMPAGABLE

La deuda externa es uno de los puntos donde el gobierno ha aprovechado para hacer más demagogia, repitiendo el slogan de los primeros años del gobierno de Alfonsín de que “la deuda externa no va a pagarse con el hambre del pueblo”. Lo real es lo contrario: la deuda se está pagando con el hambre de millones, estrictamente cerca de 14.000 millones de pesos que se destinarán sólo este año a los acreedores mientras un 44% de la población está bajo la línea de pobreza. A pesar de los pagos realizados la deuda no ha disminuido: desde mediados de 2002 el gobierno ha emitido nuevos bonos, fundamentalmente para hacer frente a las “compensaciones bancarias”. Con ello la deuda ronda los 180.000 millones de dólares (145.583 millones de dólares de deuda pública y privada propiamente “externa” más la deuda pública emitida en el mercado interno). Sólo en el 2003 el crecimiento fue de 14.583 millones de dólares, esencialmente a partir de “la revaluación del euro y los intereses impagos de la deuda que quedó en cesación de pagos”, según la explicación dada por el INDEC (Clarín, 23-03-04). Desde mayo del 2002 en adelante, el incremento de la deuda llega a los 65.000 millones de dólares [1]. Incluso en el mejor escenario de los planteados en la renegociación con los bonistas, la vulnerabilidad económica del país medida en la relación entre deuda y PBI es astronómica, mucho mayor que la existente previamente a la devaluación. Todos los tironeos actuales con el FMI y los acreedores de la parte de la deuda en default (que van a mantenerse al menos hasta septiembre), se dan sobre la base de la aceptación de un piso muy alto de superávit destinado al pago de la deuda externa y a partir de que Kirchner debe beneficiar con los recursos nacionales a otros grupos capitalistas diferentes de los acreedores, entre ellos los bancos beneficiados con compensaciones que algunos estiman cercanos a 36.000 millones. Como afirman defensores de la política gubernamental, si se toman en cuenta las asimetrías existentes, el “heterodoxo Kirchner” tiene un superávit similar al “ortodoxo Lula”, lo único que debe compartirlo con la subvención a otros negocios capitalistas: “El superávit en Brasil es 4,25% del PBI y Lula hoy requiere el consentimiento del FMI (acreedor) para reducirlo. Hizo méritos y está estancado. Nuestro superávit es de tres puntos del PBI y el FMI insiste en que lo aumentemos. Brasil genera un superávit mayor, entre otras causas, porque el Estado recibe el 100% de los aportes previsionales. Si tuviéramos el mismo sistema o si no se fugaran recursos previsionales hacia las arcas de las AFJP, también tendríamos hoy un superávit fiscal primario explícito de cuatro puntos (…) además de las pérdidas por el sistema AFJP, el Estado argentino paga, a causa de los Bonos de la pesificación asimétrica, la mayor parte del costo que la devaluación le infringió a los grandes deudores del sistema financiero. Brasil no. Esa diferencia agrega otro 0,25% que sumado al total iguala el superávit fiscal primario oculto de la Argentina al superávit fiscal primario publicitado de Brasil. Tenemos, diga lo que diga el Presupuesto Nacional de la República Argentina, un superávit fiscal primario del 4,25% del PBI, igual al de Brasil. Pero lo repartimos distinto. Nosotros el 0,25 se lo damos a las empresas beneficiadas por la pesificación asimétrica y el 1% a las cajas de las AFJP y solamente el 3% lo ponemos en la Contabilidad ’para pagar’. No es que no ahorremos igual que Brasil: lo ponemos en otro lado” [2]. Es decir, que el pago de la deuda externa continúa siendo como desde los años de la dictadura militar la principal sangría de la economía nacional, aunque ahora el esquema de pagos haya cambiado respecto al de los tiempos de la “convertibilidad”. Si antes la sobrevaluación del peso llevaba a emitir nueva deuda para pagar los vencimientos existentes, tras la devaluación se trata de lograr amplios superávit que garanticen un pago “sustentable”, en el caso argentino a partir de la retención a las exportaciones agrícolas, parte de la renta petrolera y el mejoramiento de la recaudación fiscal, especialmente a partir del IVA, el principal impuesto regresivo.

LA REPÚBLICA SOJERA… Y LA REPÚBLICA PETROLERA

Este esquema de pago de deuda es complementario con la ganancia extraordinaria que están percibiendo los grupos capitalistas que concentran la actividad agrícola y petrolera, dos de los sectores que más ganancias han tenido luego de la devaluación. En el campo, como señala un reciente trabajo de Laplace, “desde fines de la década del ’70, con la instauración de las políticas neoliberales en la agricultura, profundizadas en la década del ’90 y agudizadas desde 1996 con el crecimiento exponencial del área de monocultivo con soja transgénica se han producido importantes impactos estructurales en la agricultura argentina. Entre 1991 y 2001 esta estrategia de desarrollo rural excluyente -en la cual la soja para el mercado externo ha sido un factor fundamental- ha provocado en Argentina la desaparición de 150 mil productores familiares, una mayor concentración de la tierra (seis mil empresas poseen cerca del 50% de la tierra productiva) y su control por capitales extranjeros”. Con la devaluación y el aumento de los precios internacionales el negocio ha ampliado enormemente los márgenes de rentabilidad: un productor de soja que en el 2001 cobraba $190 por una tonelada hoy cobra por el mismo producto cerca de $700. Una denuncia del Grupo de Estudios Rurales, señala con claridad la articulación de intereses que confluyen en favorecer la “república sojera”: “El sesgo concentrador y expulsor de trabajadores y agricultores del modelo agropecuario argentino se ha mantenido intacto a pesar de los ’nuevos aires’ de la administración K. Sólo las retenciones agropecuarias han cambiado el panorama con respecto a los ’90, pero éste es el punto de confluencia entre los actores hegemónicos del agro y los administradores estatales: los primeros ven con satisfacción que el Estado no modifica el modelo transgénico, y los segundos se limitan a contar los dólares que ingresan por las exportaciones de soja. La tercer pata de esta unión por conveniencia son los grandes medios de comunicación, prácticamente convertidos en voceros de las corporaciones del agro. Tal es así que el diario Clarín dicta en el suplemento rural ’El éxito del campo’. Las políticas circulan y circundan ámbitos de poder donde es necesario formar opiniones y aprobaciones para generar consenso social. El secreto que hizo que FeriAgro fuera un éxito, no lo saben solo ellos. FeriAgro produjo la unión explícita entre el Estado (el presidente en persona participó aplaudiendo a la feria); las corporaciones del agro (Monsanto, Nidera, Cargill, Bunge y Born…) y el gran grupo multimediático Clarín, que mediante la organización de la megaferia legitima el discurso hegemónico y forma opinión”. Es que el cultivo de soja (la gran mayoría transgénica) abarca ya 37.000.000 del total de 70.000.000 de toneladas producidas por el agro argentino, desarrollando una tendencia acrecentada al monocultivo de un producto esencialmente destinado a la exportación para la alimentación de ganado. Mientras los grupos capitalistas que han protagonizado una gigantesca concentración de la tierra en el último período obtienen jugosísimas ganancias, los perjuicios sociales actuales y a futuro son altísimos: retroceso en la soberanía alimentaria del país, al reemplazar la producción de alimentos a favor de un forraje como la soja; liquidación de puestos de trabajo rural por el tipo de cultivo realizado, ya la técnica de siembra directa permite no trabajar el suelo antes de plantar la semilla; dependencia de la multinacional Monsanto que tiene el monopolio de la provisión de semillas; disminución futura en la calidad del área de sembrado debido a que el tipo de cultivo altera el ecosistema; incidencia negativa de la soja en la salud reproductiva de la población… Ligadas a este negocio se encuentran las empresas exportadoras de productos agroindustriales, como las grandes aceiteras, que son aquéllas que han anunciado importantes inversiones en unidades de acopio y procesamiento y puertos propios, especialmente al norte de Rosario, que han visto crecer su facturación en forma creciente desde la devaluación. No menos favorable a los grupos capitalistas dominantes es el caso del petróleo y el gas, dos de las privatizaciones más escandalosas que favorecieron al grupo Repsol-YPF, la empresa de mayor facturación en el país, la cuál llegó a ventas por casi 20 mil millones de pesos incluso en un año recesivo como el 2002 [3]. El aumento de ganancias del grupo a nivel internacional obtenido en el 2003 tuvo su principal fuente en lo obtenido por su filial argentina [4]. Kirchner mantiene inmejorables relaciones con la multinacional española a partir de su paso por el gobierno de Santa Cruz, desde donde apoyó la privatización de YPF. El titular de la empresa española, Alfonso Cortina, tuvo desde principios de su gobierno excelente relación con el presidente. Repsol hace una gran diferencia entre los costos de explotación petrolera en Argentina y el precio internacional. Duhalde, primero, y Kirchner, después, han permitido que el 70% de la producción sea exportable, a la vez que este último favoreció el aumento de las naftas y el gasoil y, tras su viaje a España, de los precios del Gas Natural Comprimido, también explotado por Repsol. La política petrolera y gasífera son una de las más muestras más patentes de la continuidad con “el modelo de los ’90”. La crisis energética actual sólo es una pequeña muestra de los perjuicios que ha producido entregar estos vitales recursos estratégicos en manos de uno los pulpos petroleros transnacionales.

YO SOY DE LA “T”…

Si fueron varios los grupos capitalistas beneficiados con el esquema pos-devaluatorio, lo cierto que Techint se encontró entre sus más firmes impulsores desde un comienzo. Con la devaluación la Organización Techint, se transformó en el segundo grupo (luego de estar en el séptimo lugar en el 2001) con más ventas en el país, 14.500 millones de pesos en el 2002 [5]. Aunque parte de esto se debe a una reestructuración que centralizó en una nueva compañía, Tenaris, las ventas de sus empresas en el exterior (seis externas, incluyendo firmas de Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Italia y Japón, más las locales Siderca y Siat, con una participación de un 13% en la participación mundial de tubos sin costura), obtuvo grandes ventajas de la nueva situación. La relación privilegiada de Techint con el actual ministro Lavagna es un secreto a voces. Como señala Julio Nudler: “’Sólo puedo decirle que, con relación a Techint, Lavagna nunca se equivoca’, sentencia la fuente, sugiriendo una presunta sensibilidad del jefe del equipo económico ante las necesidades del Grupo Rocca, que controla plenamente el mercado del acero plano en la Argentina. Cierto es que la consultora Ecolatina, fundada por Roberto Lavagna, preparó carpetas para la Organización T., como aquella vez en que el conglomerado deseaba bloquear importaciones siderúrgicas desde Europa Oriental” [6]. El mismo autor demuestra los grandes beneficios que ha recibido la decisión oficial de poner retenciones del 40% (frente a la retención máxima anterior de 23,5% aplicada a las semillas oleginosas) a las exportaciones de deshechos ferrosos, “chatarra”, provocando una caída de sus precios internos y beneficios extraordinarios para una de las empresas claves del grupo, Siderar, para quien es un insumo clave (la otra beneficiaria de esta medida ha sido Acindar). Para la “T”, que cuenta con un plantel total de empleados de alrededor de 36.550 personas (49% radicado en Argentina), el panorama futuro no deja de ser “alentador”. El gobierno se encuentra negociando con el grupo de la familia Rocca (que además de la actividad siderúrgica tiene empresas constructoras y de energía), a través del Ministro de Planificación Federal e Infraestructura, Julio De Vido “el tendido de un nuevo gasoducto que traería fluido desde Bolivia para llevarlo al NEA y a las márgenes industriales del Paraná, acería incluida. En el asunto -todavía crudo, porque apenas hay un preproyecto, pese a la triunfalista propaganda oficial de hace varios meses, y ningún esquema acordado de financiación- intervendrían Repsol y Petrobras. A expertos en la materia los alarma un esquema de este tipo porque no respeta la necesaria independencia entre generación, transporte y distribución” [7].

SALARIOS DE HAMBRE [8]

La consolidación de niveles salariales bajísimos es uno de los pilares fundamentales de la actual recuperación económica. Durante la década pasada, la clase obrera sufrió una enorme pérdida de conquistas laborales. Crecieron la desocupación (con índices cercanos al 15% desde 1995), la informalidad y diversas formas “legales” e “ilegales” de trabajo precario, cayendo progresivamente el nivel de los salarios. Sin embargo, debido a la paridad cambiaria, la burguesía y sus ideólogos sostuvieron una y otra vez el argumento de los “costos laborales” en relación al mercado internacional, logrando el apoyo de los gobiernos patronales y de la burocracia sindical para aplicar distintas leyes y decretos “flexibilizadores”. Con la devaluación, el “costo laboral” cayó a su mínimo histórico. Los salarios vieron un fuerte descenso, en particular en lo que hace a la industria. Un estudio de Eduardo Basualdo para el IDEF/ CTA señalaba que el ingreso medio de los asalariados en el aglomerado Gran Buenos Aires (incluye la Capital Federal y los partidos del “primer y segundo cordón”) pasó de una base 100 en 1974 a 49,6 en el 2003. La tendencia a la caída pegó un claro salto con la devaluación: el índice era de 61,1 en 2001 cayendo al 46,6 en 2002, y remontando levemente en el 2003. Según ha informado el propio Ministerio de Trabajo, los costos laborales están en su pico más bajo en los últimos 40 años. Mientras que anteriormente los salarios constituían un 20% del llamado “costo empresarial”, hoy la cifra se sitúa entre el 5 y el 10% para todos los sectores productivos. Otro artículo arriba a conclusiones similares, señalando que “el costo laboral real de las empresas industriales, medido como el gasto que le significa a una empresa mantener su personal en relación con los precios que recibe por sus bienes, es un 42,1% inferior al de dos años atrás, aunque esa brecha se redujo en los últimos meses, ya que en el tercer trimestre de 2002 la baja con respecto al período previo a la devaluación había llegado a un 48,8 por ciento” [9]. Un trabajo reciente señala que: “A fines de 2003 el promedio salarial de los trabajadores registrados era de 732,4 pesos y el de los no registrados de 303,8 pesos. El promedio conjunto de ambos universos ascendía, en todo el país, a 534,7 pesos. La comparación de estos valores con los de las canastas de bienes que determinan, para una familia tipo, las líneas de pobreza, 735,6 pesos, y de indigencia, 344,2 pesos, permite obtener importantes conclusiones. Primero: El ingreso promedio de los trabajadores en blanco, el sector que más se recuperó, apenas llega al umbral de pobreza. Segundo: el promedio de ingresos de los trabajadores en negro es un 12% inferior al valor de la canasta de indigencia (alimentaria). Tercero: Los ingresos promedio de los asalariados son un 27,3 por ciento menores que el nivel necesario para salir de la pobreza” [10]. Tanto la dinámica que ha mostrado la creación de nuevos puestos de trabajo, con un 50% en negro, como la nueva Ley laboral, que legaliza las diversas formas de precarización introducidas bajo los gobiernos de Menem y De la Rúa y avala los convenios colectivos firmados por la burocracia sindical bajo el paraguas de la “ley Banelco”, muestran que la situación no va a cambiar en el próximo período. Pero los trabajadores no han visto sólo deteriorarse su situación desde el punto de vista salarial: según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, durante los primeros nueve meses del 2003, los accidentes laborales aumentaron un 18,3% respecto del mismo período del 2002. El mismo informe señala como causa de este incremento al “aumento de las horas de trabajo y la falta de medidas de seguridad”, dejando al desnudo los resultados nefastos de la Ley de Riesgo de Trabajo (que bajó enormemente el costo de indemnizaciones por accidente para los empresarios), que en uno de sus artículos declara prácticamente inimputables a los empresarios por sus incumplimientos, salvo que se pruebe que existió la intención de dañar al empleado accidentado. Como es la ART (que, además, sólo cubren a los trabajadores “en blanco”) la que debe responder cuando se produce un accidente en la gran mayoría de casos, al “empleador no se preocupa por cumplir las normas indispensables de seguridad” [11]. La falta de control es impresionante. Mientras que en España hay un inspector cada 10 mil trabajadores, en Argentina hay uno cada 100 mil o más. En el “capitalismo en serio”, la vida obrera, literalmente, “no vale nada”.

Notas

[1] Según señala el Documento del EDI (Economistas de Izquierda) de febrero de 2004, “Un programa de recuperación popular de la economía”, la deuda saltó en ese período de 114.600 millones a 178.000 millones de dólares.

[2] Carlos Leyba, “Vidas perpendiculares”, en revista Debate Nº 53, 19-03-04.

[3] “Las 1000 empresas con mayores ventas”, revista Mercado Nº 1209, octubre 2003.

[4] Ver el informe brindado por la misma firma en su página de internet, http://www.repsolypf.com, “Avances de resultados del cuarto trimestre de 2003”.

[5] “Las 1000 empresas…, op. cit.

[6] Julio Nudler, “Política chatarra”, en Página/12, 10-04-04.

[7] Ídem.

[8] Los datos son citados por Horacio Verbitsky en su artículo “Estampillas”, publicado en Página/12 el 23-11-2003.

[9] La Nación, 3-03-04.

[10] Claudio Scaletta, “Consecuencia de la desocupación y la informalidad”, Página/12, 5-04-04. Los datos están tomados de un trabajo de Claudio Lozano para el IDEF/ CTA.

[11] Fernando Krakowiak, “Sin red”, Suplemento Cash, Página/12, 11-04-04.

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